Charla sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Ayer día 4 de mayo Mujeres Progresistas de Pinto organizó una charla sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que entrará en vigor el próximo mes de julio. Con esta ley se quiere garantizar el acceso de todas las mujeres a unos servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, la información y la educación afectivo-sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo y la eliminación de las discriminaciones que aún hoy suceden cuando una mujer decide de forma voluntaria interrumpir su gestación. En el acto intervinieron destacados miembros del Partido Socialista de Madrid y también estuvieron presentes miembros de diversos partidos de izquierda y de asociaciones de mujeres de la localidad.

Carmen Toledano, secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Madrid realizó un repaso histórico de los avances que se han ido logrando en materia de legislación de la interrupción del embarazo a pesar de los impedimentos mostrados por los partidos políticos conservadores en los últimos años y señaló que la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo garantiza la elección de la mujer a su propia maternidad y que persigue como objetivo final la reducción de las interrupciones de embarazos producidas por la desinformación o el desconocimiento de todas las posibilidades que tiene la mujer ante esta circunstancia. Toledano se mostró especialmente preocupada de que la Comunidad de Madrid fuera la región española con mayor número de abortos en 2007 y sin embargo el gobierno del Partido Popular haya cerrado la mayor parte de los centros de asesoramiento familiar y educación sexual, agravando así la situación de desorientación y desamparo de muchas madrileñas que no desean seguir adelante con su embarazo. La que fuera alcaldesa de Galapagar recalcó que esta nueva ley garantiza la seguridad no sólo para las mujeres que deciden abortar sino que también protege a los profesionales que realicen estas prácticas y no quiso pasar por alto el hecho de que sólo el 3 por ciento de estas intervenciones se realizan en la sanidad pública.

En este mismo sentido se dirigió parte de la intervención de Daniel Méndez, diputado en el congreso por Madrid, quien aseguró que con la entrada en vigor de la nueva ley la sanidad pública necesita adaptar su material quirúrgico, puesto que en la actualidad sólo se dispone de los medios óptimos para realizar una interrupción del embarazo en las clínicas privadas. Méndez reclamó la necesidad de una implicación real por parte de los hombres para la consecución de la igualdad en todos los ámbitos y ha señalado que con la nueva ley se ha tratado de humanizar la decisión de interrumpir el embarazo y se han tenido en cuenta en su elaboración el mayor número posible de circunstancias que se puedan dar, como el hecho de que la mujer pertenezca a una minoría étnica de tradición muy arraigada o que sea menor de edad.

Por su parte la portavoz de Igualdad del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid Josefa Pardo aseguró que la entrada en vigor de esta ley supone equipararse a la legislativa existente en muchos países europeos y aseguró que la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo en España es muy similar a la de otros países de nuestro entorno y acusó al Partido Popular de entorpecer sistemáticamente los avances que se han producido en lo que al tema de igualdad se refiere, desde la despenalización de la vasectomía y la ligadura de trompas en 1988 hasta la propia Ley de Igualdad. Pardo insistió en que no se puede criminalizar a las mujeres por decidir que no quieren continuar con su proceso de gestación sean cuales sean sus motivos y finalizó su intervención atribuyendo una especial importancia a la formación como vía principal para prevenir embarazos no deseados.